Los gobiernos actuales de Bolivia y Ecuador que

Los gobiernos actuales de Bolivia y Ecuador, que fueron activos impulsores de los cambios constitucionales, tienen entonces simultáneamente el mandato de aprovechar (en Bolivia incluso de industrializar) los recursos naturales y de proteger los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Fuerzas centrífugas y centrípetas se ensamblaron y se conjugaron oxyntomodulin Supplier la par en estos textos, lo cual resultó en grandes tensiones entre, por ejemplo, autonomías indígenas locales y Estado central regulador e interventor. Además, metas tradicionales de desarrollo, todavía inspiradas en los enfoques desarrollistas de la Comisión Económica para América Latina (cepal) se combinan con los derechos recientes de la tercera generación y con conceptos de vanguardia como el derecho de la naturaleza (que podrían ser entendidos como una nueva generación o dimensión de derechos). Los nuevos planteamientos sobre desarrollo sostenible son parte y resultado de un intenso debate político entre diferentes actores con intereses fuertes. En los discursos públicos y disputas continuas subyacen muchas veces pugnas concretas sobre territorios, influencia y recursos. La controversia principal parece centrarse ahora en “cómo comprender y aplicar el nuevo marco constitucional y reconciliarlo con ambiciones desarrollistas”: “La cuestión del uso de los recursos naturales resulta ser el punto más sensible y la manzana de la discordia entre organizaciones indígenas y los Estados”. Estos Estados “re-fundados”, que emergieron de procesos constitucionales amplios como nuevos actores reguladores y garantes, resultan ser simultáneamente factores de éxito y de riesgo para implementar una política del buen vivir y del derecho de la Pachamama. Considerando las tensiones implícitas contenidas en estas constituciones, se identifica una necesidad de encontrar espacios de negociación y diálogo para encauzar estos mandatos muchas veces contradictorios y ambivalentes. Sin estos mecanismos para transformar los confictos latentes y abiertos (que pueden ser instancias legales de participación y ya diseñados) y sin instituciones verdaderamente independientes autónomas (como deberían ser las Defensorías) estas contradicciones podrían ser finalmente resueltas por la imposición y por decisiones unilaterales que no suelen ser sostenibles a mediano y largo plazo. Incluso en las nuevas economías mixtas y solidarias, en las que coexiste un sistema comunitario de producción con las empresas capitalistas modernas, sería ilusorio suponer la suspensión de relaciones históricas de poder y de asimetrías arraigadas.
Reflexiones finales Existe una discusión intensa y a Genomic (chromosomal) DNA clone veces polémica sobre el significado y alcance del concepto buen vivir/vivir bien y Madre Tierra. Como signo de la capacidad de impactar las discusiones internacionales, estos conceptos han encontrado incluso su camino en las agendas de las organizaciones indígenas y declaraciones de las Naciones Unidas, como la conferencia Rio+20 sobre desarrollo sostenible en 2012. Uno de los mejores puntos de entrada para emprender un análisis sobre el sentido y las implicaciones de estos conceptos son las constituciones de Bolivia y Ecuador, ya que reflejan discusiones y debates públicos altamente participativos en estos dos países —más allá de los intercambios de expertos o de juristas—. Los dos procesos constitucionales son relativamente comparables y crearon categorías nuevas, que, a través de un proceso de implementación de políticas públicas, se van transformando en una realidad social. Este proceso de implementación puede ser analizado y monitoreado, al efectuar una comparación aún más enriquecedora. Sin embargo, el abordaje tradicional del análisis constitucional desde la antropología legal, enfocado en estándares y en derechos de los pueblos indígenas, es sobrepasado por la complejidad de estas nuevas cartas magnas. Las constituciones del “emergente modelo pluricultural” (1986- 1999) se prestaban para ser analizadas por categorías en términos de cantidad y solidez en el reconocimiento de ciertos derechos. Este enfoque más jurídico todavía es útil y necesario, pero llega a sus límites en los casos de las constituciones analizadas, porque no detecta la profundidad y la calidad de los derechos y porque no toma en cuenta contrapesos y la lógica interna de las constituciones: por ejemplo, el derecho a tener territorios indígenas podría ser anulado por el derecho de expropiación por intereses del Estado. De hecho, en el mencionado estudio comparativo sobre constituciones latinoamericanas de 2003 se identificaron las limitaciones del propio análisis, porque la herramienta de categorización por conceptos jurídicos “solamente registra derechos explícitos y no puede dar cuenta de la profundidad o la eficacia de estas garantías ni de su desarrollo en la legislación específica”.